En La Vega, un grupo de inversionistas estadounidenses presentó una querella ante las autoridades por una presunta irregularidad en una operación inmobiliaria en Jarabacoa, que asciende a más de 70 millones de pesos dominicanos. La transacción involucró un monto de 1 millón 181 mil dólares, cifra que los inversionistas destinaron para la adquisición de un terreno en esta reconocida zona montañosa del Cibao Central, en la República Dominicana.
Los afectados, representados legalmente por el abogado Carlos Manuel Novas Méndez, firmaron cartas de intención con los vendedores con la promesa de recibir los títulos de propiedad en diciembre de 2025. Sin embargo, según el jurista, sus representados no han recibido ni el terreno ni la documentación correspondiente. Además, no han podido acceder físicamente a la propiedad adquirida a través de este negocio inmobiliario.
En la primera fase del acuerdo, los inversionistas entregaron 700 mil dólares bajo la creencia de que la transacción estaba respaldada por compromisos formales entre las partes. Posteriormente, aportaron otros 400 mil dólares, aumentando la inversión total a más de un millón de dólares. No obstante, hasta ahora no han tenido acceso al inmueble prometido.
El abogado Novas aseguró que sus clientes han sido víctimas de un esquema fraudulento. Según explicó, los pagos fueron efectuados mediante transferencias bancarias y en efectivo, y el terreno sigue estando bajo control de las personas denunciadas en la querella.
Los señalados en el caso son Amalfi del Carmen Castillo de los Santos y José Gerineldo de los Santos Castillo. Ambos enfrentan acusaciones por presunta violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, particularmente los artículos 405 y 408, que sancionan el abuso de confianza, así como los artículos 59 y 60 relacionados con la coautoría y complicidad en estos casos.
Entre los querellantes afectados se encuentran Alfredo Antonio Cordero Camacho, Cicely Altagracia Sánchez Hidalgo, Terry Wayne Wheat Jr., e Ysmlisi Ortiz de Wheat Jr. Estos ciudadanos extranjeros llegaron al país atraídos por el potencial desarrollo del proyecto inmobiliario en Jarabacoa, que les fue presentado como una oportunidad rentable.
Sin embargo, todo ha resultado ser objeto de controversias legales. La audiencia para conocer las medidas de coerción contra los acusados ha sido aplazada por la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y aún no se ha confirmado una nueva fecha. La parte querellante insiste en solicitar prisión preventiva para Amalfi del Carmen Castillo de los Santos y José Gerineldo de los Santos Castillo, arguyendo que existen elementos suficientes para justificar esta acción.
Por su parte, la defensa legal de los afectados sostiene que imponer esta medida cautelar es clave para garantizar tanto la imparcialidad del proceso judicial como la seguridad económica y emocional de las víctimas. Los inversionistas aseguran haber sufrido graves perjuicios en ambos aspectos debido a esta situación, lo que ha generado polémica alrededor de esta tramitación judicial en pleno desarrollo en Jarabacoa.