Faride Raful respondió a las críticas surgidas en torno a un presunto ultimátum dirigido a ciudadanos haitianos en Santo Domingo Este, enfatizando que únicamente las autoridades competentes tienen la facultad para realizar este tipo de llamados.
La ministra emitió estas declaraciones durante una rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader, donde se discutieron asuntos relacionados con la seguridad y el control migratorio en el país.
Raful señaló que la autoridad en la República Dominicana se encuentra definida por la Constitución y las leyes, manifestándose a través de instituciones estatales cuyo funcionamiento está garantizado en todo el territorio nacional.
En relación con la Antigua Orden Dominicana, la ministra fue enfática al subrayar que ninguna organización tiene facultades legales para dirigirse formalmente a residentes extranjeros. Según Raful, la gestión y los llamados deben proceder exclusivamente desde las entidades oficiales respaldadas por las normativas vigentes.
Además, recalcó que las medidas adoptadas en torno al control migratorio y la población haitiana obedecen a procedimientos institucionales alineados con el respeto a los derechos humanos y al orden público. Estas acciones deben enmarcarse dentro de la legalidad, sin tolerancia hacia intervenciones externas e irregulares.
La contextualización de sus declaraciones surge en medio de crecientes inquietudes sobre seguridad y regulación migratoria. Las autoridades han insistido en trabajar de manera coordinada y transparente para abordar estas cuestiones, promoviendo confianza entre los ciudadanos.
Raful cerró destacando la relevancia de fortalecer la institucionalidad e instó a la población a confiar únicamente en informes oficiales, evitando caer en rumores que pueden generar desinformación o alarmismo innecesario.
Con el respaldo continuo de la Fuerza de Tarea Conjunta, el gobierno reafirma su compromiso con el cumplimiento de las leyes, la protección de los derechos fundamentales y el mantenimiento del bienestar colectivo, dejando claro que toda medida será siempre ajustada al marco constitucional.